Redacción.-(21/02/2007) De las 67.601 personas que actualmente se encuentran recluidas en las prisiones españolas, el 3,4% (2.323 personas) presenta alguna discapacidad, según el estudio “Las personas con discapacidad en el medio penitenciario en España”, elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Según el tipo de discapacidad, el grupo mayoritario (cerca del 45% del total) es el de las personas con discapacidades físicas (ya sean motóricas u orgánicas). Aproximadamente, un 25% de la población presenta discapacidad intelectual y una proporción similar, una enfermedad mental. Estas cifran representan a una parte ínfima de los casi cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España.
Por lo general, proceden de una situación de vulnerabilidad, en muchas ocasiones padecen precarias condiciones económicas, laborales, familiares y sociales. En más del 90% de los casos el nivel de estudios es igual o inferior a Educación Primaria. Además, el 77% de los entrevistados ha consumido de forma abusiva una o varias sustancias tóxicas.
Aproximadamente dos tercios de los internos con discapacidad no tenían una situación laboral estable y más de un tercio se encontraban en la inactividad. El 70% reciben algún tipo de prestación económica, en su mayoría una pensión no contributiva, de un importe mensual de entre 330 y 350 euros.
Este informe revela que la población penitenciaria con discapacidad ha tenido serias dificultades para acceder a servicios sociales, ya sean básicos o especializados. Casi el 80% de las personas entrevistadas nunca asistieron a un recurso especializado generalizado de orientación o atención a personas con discapacidad. En concreto, las personas con enfermedad mental han sufrido, en mayor o menor medida, desatención por parte de los recursos sociales y sanitarios de atención primaria.
Una de las principales conclusiones que el CERMI ha extraído de este informe es la constatación de que “existe un grupo de instrumentos legales capaces de facilitar a esta población un tratamiento adecuado que haga compatible el cumplimiento de las condenas o medidas de seguridad con una atención adecuada a sus necesidades”.
Por este motivo, el Comité considera que “el hecho de que una persona con discapacidad cumpla una condena o una medida de seguridad privativa de libertad, no anula el resto de sus derechos como ciudadano. Por tanto, ya sea durante la reclusión como al final de la misma, su situación penal no puede identificarse como factor negativo a tener en cuenta para la provisión de determinados servicios y recursos de apoyo disponibles en la comunidad”.